Por ILIER NAVARRO

Periodista, Redactora Responsable de RedInmigrante.es

Son las contradicciones de la clase política que tanto nos impresionan y nos indignan… En fin, comienzo con el relato de los hechos: hasta el 25 de enero, los inmigrantes de los países con convenio de reciprocidad con España pueden realizar los trámites para inscribirse en el Censo Electoral.

Dichos acuerdos permiten que los ciudadanos españoles que viven en algunos de los países de la lista puedan participar en las elecciones municipales de su país de residencia, mientras que los nacionales de los mismos que se hayan establecido en suelo español también podrán hacerlo aquí.

Los países ‘afortunados’ son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, Paraguay, Perú y Nueva Zelanda. A ellos se suman todos los ciudadanos procedentes de la Unión Europea, entre los que se encuentra el numeroso colectivo rumano.

Rápidamente, algunos partidos se han puesto las ‘pilas’ para intentar captar a este interesante electorado. Hemos visto la campaña lanzada por el PSOE para ‘incentivar’ a los extranjeros a ejercer su derecho a voto, mientras que en el PP también se ha puesto por bandera la defensa de los derechos de los inmigrantes, especialmente de los europeos, por si cuela.

No son los únicos. Ya sabemos eso de que cada voto cuenta, por lo que el alcalde de ‘Villarriba’ y el de ‘Villabajo’ han pedido que se faciliten los trámites, han lanzado folletos informativos, han creado teléfonos de asesoramiento y espacios específicos en las webs municipales para animar a este electorado a que se inscriba en el Censo Electoral y participe. Parece que todo son buenas intenciones, al menos, ahora…

Y aquí viene la contradicción. Algunos municipios catalanes, tanto de los populares como de los socialistas, quieren que el informe sobre el comportamiento de sus vecinos extranjeros que pidan la residencia por arraigo sea vinculante. La idea es que los inmigrantes ‘incívicos’ (esto significa que incumplen las ordenanzas municipales como no beber en las calles o no molestar con ruidos a sus vecinos) tengan un informe negativo y vean frustrada su aspiración a obtener la tarjeta.

Pero la propuesta va más allá e incluye impedir a estos ‘incívicos’ venidos de fuera realizar la reagrupación familiar, un derecho que sólo se reconoce a inmigrantes regulares que deben documentar su situación económica, contar con una residencia con determinados metros cuadrados y cumplir con un sinfín de trámites.

¿Habrán tomado esta decisión tras calcular que el voto inmigrante en sus municipios no les va a aportar mucho? ¿Es que han visto que les es más ‘ventajoso’ lanzar estos mensajes discriminatorios y confusos? Y a todo esto, ¿qué hacemos con los incívicos nacionales, que molestan tanto como los ‘incívicos’ extranjeros? Seguro que las calculadoras de los ayuntamientos echan humo…

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