El Ejecutivo ecuatoriano está en el ojo del huracán por la denuncia de una organización que le ha acusado de impulsar redadas y deportaciones arbitrarias de colombianos, cubanos y peruanos. Una contradicción si pensamos que Ecuador es un país con un alto índice de emigrantes.

Según un comunicado del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes que recoge la agencia AFP, las políticas contra la delincuencia del Gobierno puso en marcha en junio pasado el Plan Operativo Identidad, que se saldó con la detención de decenas de ciudadanos de dichas nacionalidades.

La organización asegura que algunas de las personas detenidas se encontraban en situación regular o con estatus de refugiado y que pese a que el Ministerio del Interior ecuatoriano se comprometió a suspender las deportaciones y a abrir proceso de regularización, no ha cumplido su promesa.

La denuncia pública de los hechos señala que los arrestos se producen en barrios con una alta densidad de población extranjera, centros comerciales, lugares de trabajo y sedes de instituciones públicas donde se realizan trámites de regularización. Posteriormente, son llevadas a centros de detención en condiciones de hacinamiento, incomunicación y sin asistencia jurídica.

La denuncia de esta organización también ha sido suscrita por la Defensoría del Pueblo y la Coalición por las Migraciones y el Refugio. Todas ellas pidieron la liberación de las personas detenidas, la suspensión de los procesos de deportación y un proceso de regularización. RI